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Por Ignacio González Lowy - El caso de Carlos Pedro Blaquier, socio de la última dictadura y cómplice de crímenes aberrantes cometidos en la provincia de Jujuy, y hoy declarado “cristinista”, desnuda la más oculta matriz del doble discurso del gobierno K sobre los derechos humanos.
A esta altura es una obviedad, pero por las dudas insistimos: el terrorismo de Estado durante la última dictadura en Argentina no fue un capricho de tres, 200 o mil militares con sed de sangre. El secuestro, la tortura y la eliminación sistemática, planificada y orquestada de miles de trabajadores y estudiantes, ni siquiera fue (solamente) parte de una disputa ideológica, política y cultural. No. Los militares, funcionarios judiciales, economistas y técnicos de las más diversas áreas del Estado, que pusieron sus saberes y fuerza al servicio de la muerte entre 1976 y 1983, lo hicieron principalmente por otros motivos. Buscaban aniquilar la posibilidad de que un país económica y socialmente más justo se consolidara, y asegurar el enriquecimiento descontrolado del sector más concentrado de un empresariado vinculado a distintos intereses imperialistas (de esos que hoy algunos llaman “multinacionales”).
Carlos Pedro Blaquier, presidente de la firma Ledesma S.A., es un ejemplo casi sin parangón de esos empresarios que crecieron en sus multimillonarias ganancias manchándose las manos con la sangre de quienes osaron denunciar las condiciones criminales en que amasaban sus fortunas. La contaminación, la explotación laboral, la denigración de los trabajadores, la prepotencia contra cualquiera que intentara ponerles límites; marcaron el trayecto de los Blaquier en su consolidación como la familia más poderosa de la provincia de Jujuy.
Hoy, Carlos Pedro defiende al gobierno de CFK, que supuestamente tiene como principal bandera la persecución y el castigo de los responsables del terrorismo de Estado durante el último gobierno de facto en Argentina....
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