Por Víctor Silva Echeto*
1. Las excepciones de la introducción.
La libertad de expresión es un concepto que tiene, por lo menos, dos rostros como Jano: entre ellos dos se encuentra el de los que enarbolan la idea, pero, en la práctica -por antecedentes o acciones concretas- no utilizan la misma concepción para medir quiénes atacan o no a la libertad de expresión, ya que para realizar esa medición se basan fundamentalmente en concepciones ideológico- políticas. (1) Esto es, para esos grupos conservadores de presión o para las grandes empresas que sostienen a los medios de comunicación, los gobiernos de izquierdas en América del Sur (con sus matices se podrían mencionar los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay o Paraguay), violentarían permanentemente la libertad de expresión, confundida con libertad de “mercado” (la mano invisible), mientras que los gobiernos conservadores- de derechas, por su propia concepción económico-política, defenderían la libertad de expresión, o no está de más repetirlo, la libertad de mercado. Los sintagmas establecen la ecuación: libertad de expresión = libertad de mercado.
Dos rostros: uno mira hacia el exterior, criticando a quiénes supuestamente la atacan y, un segundo rostro que mira hacia el interior, asumiendo que hay libertad de expresión en países de ideología liberal- conservadora o neoliberal. No está de más decirlo que en países, como por ejemplo Chile, la libertad de expresión es muy cuestionable porque crecen los oligopolios de los medios de comunicación (cuestionándose, paralelamente, la libertad de mercado o su autorregulación) o, conjuntamente, la diferencia política, cultural, social y económica no tiene su lugar en las pantallas, sonidos y escrituras mediáticas.
Un caso concreto es el de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quién no solamente no criticó a las dictaduras cívico- militares que atropellaron a los gobiernos democráticos o semi-democráticos que gobernaron Sudamérica entre los años ’70 y ’80, sino que, aún más, algunos de sus directivos actuales, como el periodista Danilo Arbilla, fueron funcionarios de la dictadura cívico- militar uruguaya. Pero, en la actualidad, critican la supuesta falta de libertad de expresión que existiría en países, gobernados por la izquierda, como es el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Brasil.
Otros ejemplos que habría que sumar son los de las actuales legislaciones sobre medios de comunicación en Argentina y en Uruguay, que abrieron las licencias de otorgamiento a los medios comunitarios, además, de las ya existentes a los medios, llamados, comerciales. Esas normativas han sido ampliamente criticadas por grupos empresariales que se acostumbraron a ampliar su poder en los medios de comunicación sin ningún tipo de control socio- comunitario ni estatal, y tuvieron una total impunidad para apoyar gobiernos de turno (militares; cívico- militares; civiles acusados de corrupción), como es el caso del grupo Clarín de Argentina. El pago para tanto silencio fue el otorgamiento de ondas de radio y televisión por parte de los gobiernos de turno. (2)
En el caso del grupo Clarín de Argentina, empresarios/as críticos/as con el actual gobierno argentino y con la ley de servicios de comunicación audiovisual (3) (llamada de los tres tercios, ya que otorga un tercio a los medios comerciales, otro tercio a los medios sin fines de lucro -comunitarios, socio-culturales y otro tercio al Estado), elaborada y apoyada por grupos sociales, intelectuales, sectores comunitarios, periodistas y políticos de centro- izquierda, ha reaccionado más airadamente contra esta ley que con las supuestas libertades que rigieron en Argentina durante la dictadura cívico- militar o durante el gobierno, acusado de corrupción, de Carlos Menem. Un caso aparte es el de su relación, tan confusa que llega hasta niveles familiares, con los detenidos desaparecidos durante el proceso cívico- militar, ya que la propietaria del grupo está acusada de adoptar dos niños hijos de detenidos- desaparecidos.
2. Una primera aproximación al Estado de excepción: Clarín y los desaparecidos
Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín, para las Abuelas de Plaza de Mayo adoptó dos hijos de detenidos desaparecidos, durante la dictadura cívico- militar de Argentina.
Así las cosas, en ese país, para conocer la identidad de los hijos de detenidos desaparecidos, las personas sospechosas de haber adoptado un/una niño/a en esas condiciones, debe de someterse y someterlos/as a exámenes de ADN. De no ser así por su propia voluntad, están obligados/as a hacerlo...click para leer nota completa.
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